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    Como seguro que sabes, en ocasiones los países miembros de la Unión Europea deben adaptar a sus legislaciones nacionales unas disposiciones normativas de carácter internacional denominadas Directivas. Las Directivas Europeas se utilizan para intentar armonizar las diferentes legislaciones de cada país en temas comunes o de interés general. Hay Directivas de casi todo: pesca, minería, seguridad y, también, traducción e interpretación.

    Hoy vamos a hablar de una Directiva que ha creado cierta polémica en nuestro sector profesional: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

    Empecemos por el principio: ¿por qué Europa considera un tema de interés general el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales?

    Nos remontamos al año 2009 y asistimos al nacimiento del llamado Programa de Estocolmo, un plan de trabajo que intentaba marcar una serie de pautas relacionadas con la justicia y la seguridad en un periodo de tiempo que finaliza este mismo año: 2010-2014. El principal objetivo del Programa de Estocolmo es muy loable: hacer de Europa un espacio de libertad, seguridad y justicia.

    Entre otros muchos aspectos, este programa detectó una necesidad muy básica y concreta de los ciudadanos europeos que se veían inmersos en un proceso penal: entender el idioma en el que eran procesados. Es una necesidad que, siendo tan básica, todavía no se había regulado a nivel europeo.

    De esta forma surge la Directiva 2010/64/UE que, en esencia, determina que:

    – El procesado tiene el derecho a escuchar una interpretación en su propio idioma de todas las conversaciones que tengan lugar durante el proceso judicial. También tiene derecho a recibir por escrito ciertos documentos traducidos como, por ejemplo,  el escrito de acusación o la sentencia.

    – La interpretación y la traducción deben tener una calidad adecuada y que garantice que el procesado comprenda perfectamente de qué se le acusa, cuáles son los argumentos que está utilizando su defensor, etc.

    ¿Cuál es el motivo de la polémica?

    A pesar de que en principio y a simple vista, parece que esta Directiva es justa y adecuada, el problema ha surgido en la trasposición a la normativa española y más en concreto en  los comentarios que de esta trasposición han hecho algunos representantes del Ministerio de Justicia. La APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales, Jurados y policiales) y la Red Vértice – formada por Asociaciones como AATI, ACEC, ASATI, TREMÉDICA o Asetrad entre otras-  emitieron un comunicado conjunto en el que dejaban patente su malestar y donde manifestaron su completo desacuerdo con la decisión de contratar empresas proveedoras que presten los servicios de traducción e interpretación sin cumplir con esos requisitos de calidad y profesionalidad que reclama continuamente la Directiva 2010/64/UE.

    Puedes leer el comunicado y sacar tus propias conclusiones, pero parece ser una batalla más de la profesionalidad y el saber hacer contra el intrusismo laboral y el “todo vale” en el sector de la traducción y la interpretación. ¿Estás de acuerdo? 

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